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La Comunicación A 7030 y sus circulares complementarias estructuraron el núcleo más restrictivo del cepo cambiario empresarial en Argentina. Obligó a las empresas a presentar declaraciones juradas asegurando no contar con activos externos líquidos disponibles superiores a 100.000 dólares para poder demandar divisas en el MULC.
Asimismo, impuso el bloqueo cruzado de 90 días (posteriormente ampliado a 180 días) entre la operatoria de dólares financieros bursátiles (MEP o CCL) y el acceso a dólares al tipo de cambio oficial.